En el escenario actual la transformación digital en la administración pública debe ajustarse a la nueva dinámica de la economía digital y al crecimiento exponencial de datos.
¿Por qué? Porque será inevitable realizar su trasformación digital para adaptarse, siendo más ágiles y conquistar la confianza ciudadana.
Como resultado las barreras que tendrá que superar este proceso en general son:
- Resistencia al cambio de decisores y personal en general.
- Falta de competencias digitales de los actores involucrados.
- Escaza formación en tecnologías digitales del personal.
- Altos costos de adquisición de las tecnologías habilitadoras.
- Reducido número de organizaciones que cuentan con una estrategia digital formalizada, frente a la mayoría que no la tienen.
- Generalmente no se tiene formalizado el perfil del responsable de la trasformación digital.
- No calidad e inflación de los marcos regulatorios que limitan la agilidad y flexibilidad de los procesos.
- Prácticas de gestión que no toman al ciudadano como el referente central de la acción pública.
Además para alcanzar la transformación digital será necesario articular cuatro ejes: las tecnologías digitales, los procesos, la institucionalidad y los servidores públicos.
Las tecnologías digitales para informatizar así como automatizar los procesos y alcanzar mayor eficiencia, inclusión e innovación en los servicios públicos.
Los procesos porque son los que trasforman los diversos recursos en productos y servicios de valor al ciudadano.
Y los servidores públicos para ejecutar las trasformaciones previstas a través de la apropiación de competencias digitales.
La institucionalidad para establecer un orden jurídico, la coordinación eficaz y la gestión pertinente de las instituciones.
Institucionalidad
Se comparte con la CEPAL (2019) la propuesta del marco analítico para el estudio de la institucionalidad.
Este lo integran, los aspectos siguientes:
- Marco jurídico-normativo.
- Modelo organizacional con el que se implementa.
- Herramientas de gestión desarrolladas para dar cuenta de los objetivos.
- Disponibilidad, fuente y sostenibilidad del financiamiento de las políticas que se planifiquen implementar.
Leer Más del tema en: Institucionalidad social en América Latina
Sin embargo, se precisa profundizar en el marco jurídico-normativo y el modelo organizacional.
El marco jurídico-normativo no debe constituir un obstáculo para la trasformación de nuestros países.
Entonces hay que repensarlo para las nuevas actividades que han surgido en el entorno de la cuarta revolución industrial.
Porque las regulaciones jurídicas normativas tienen que ser consistentes y contribuir a la innovación.
Por lo tanto estas regulaciones permitirá mayor integración de todas las acciones que se realicen para potenciar los beneficios y minimizar los riesgos que se deriven de la transformación digital.
Sobre el modelo organizacional, se plantea la necesidad de establecer una institución rectora.
Esta debe tener las características siguientes:
- Mandato claro para implementar su agenda directamente.
- Un equipo interdisciplinar y amplio con el personal necesario para gestionar todos los elementos de su agenda.
- Presupuesto suficiente para contratar las personas y los servicios necesarios.
- Capacidad de coordinación para liderar la gobernanza de la transformación.
En un estudio del BID del año 2015, se evidencian los atributos de flexibilidad operativa y el modelo basado en la innovación que ha tenido la agencia AGESIC de Uruguay.
Esta institución es rectora para concretar la “trasformación digital” en ese país. ¿Para qué? Para transformar los servicios públicos y satisfacer las necesidades y expectativas de todos los ciudadanos.
Además se considera oportuno destacar, a partir de las diferentes aristas sobre institucionalidad, que no hay una única respuesta a este tema en los países de la región.
Como conclusión, cualquiera que sea el enfoque que se adopte, resultará conveniente si existe una convicción política de hacerla funcionar y perfeccionar.
Hoy en día existen vacíos jurídicos- normativos para impulsar la transformación digital.
Entonces se confía en que esta actuación de la administración pública tiene los días contados.
Las exigencias actuales que están ejerciendo a los decisores públicos los actores sociales de desplegar un gobierno digital transformado para servir al ciudadano.
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